Por: Mario Valdez

Las universidades han sido históricamente espacios de debate, confrontación de ideas y participación social. Nadie puede negar que, a lo largo de los años, distintos grupos políticos han intentado construir presencia dentro de las instituciones de educación superior. Algunos encontraron en ellas semilleros de liderazgos, espacios de formación de cuadros o escenarios para el ejercicio de la política estudiantil. Eso no es nuevo y forma parte de la vida pública de cualquier universidad.

Lo que sí resulta preocupante es cuando se cruzan líneas que no deberían cruzarse.

La reciente denuncia realizada por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, sobre el uso de correos institucionales de estudiantes para promover actividades de afiliación partidista, abre una discusión que va más allá de un simple envío masivo de mensajes. La pregunta de fondo es cómo se obtuvo acceso a información universitaria que tiene fines exclusivamente académicos y quién consideró legítimo utilizar canales institucionales para propósitos ajenos a la educación.

La academia debe mantenerse como un espacio de libertad. Los estudiantes tienen todo el derecho de simpatizar con cualquier partido político, participar en actividades públicas o incluso militar en organizaciones partidistas si así lo deciden. Lo que no puede ocurrir es que la institución sea utilizada como vehículo para promover intereses políticos específicos.

Más grave aún sería que para lograrlo se recurriera a simulaciones, intermediarios o mecanismos destinados a obtener información de la comunidad estudiantil bajo pretextos distintos a los originalmente planteados. Si existió una vulneración de datos o un uso indebido de herramientas institucionales, corresponde a las autoridades investigarlo y deslindar responsabilidades.

La autonomía universitaria no significa aislamiento de la vida pública, pero sí implica respeto a sus procesos internos. La Universidad no pertenece a ningún partido, gobierno o grupo político. Pertenece a sus estudiantes, docentes e investigadores, quienes diariamente construyen conocimiento y forman profesionistas para la sociedad.

Por ello resulta pertinente el llamado realizado por la Rectoría. No se trata de defender a una administración en particular, sino de defender un principio fundamental: los correos institucionales, las bases de datos universitarias y los canales oficiales existen para fortalecer la actividad académica, no para impulsar campañas de afiliación.

La política tiene muchos espacios para desarrollarse. Las universidades deben seguir siendo, ante todo, espacios para aprender, investigar, debatir y pensar libremente. Cuando la frontera entre academia y proselitismo se difumina, pierde la institución, pierden los estudiantes y pierde la confianza en una de las organizaciones más importantes para el desarrollo de la sociedad.