Por Mario Valdez

Existe un dicho popular que suele utilizarse cuando alguien recibe una ayuda que termina generándole más problemas que beneficios: «No me ayudes compadre». La frase viene a la mente al analizar la situación presupuestal que enfrentan muchas universidades públicas del país, incluida la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En términos generales, escuchar que una institución recibirá un incremento presupuestal podría parecer una buena noticia. Sin embargo, cuando ese aumento resulta inferior al crecimiento de la inflación, la realidad es muy distinta. Lo que en el papel aparece como un incremento termina convirtiéndose en una reducción efectiva de los recursos disponibles.

La explicación es sencilla. Si los costos de operación aumentan cerca del 12 por ciento y el presupuesto solamente crece poco más del 4 por ciento, la capacidad real para sostener proyectos, ampliar programas académicos o mejorar infraestructura disminuye inevitablemente.

Eso es precisamente lo que ocurre con las universidades públicas.

La situación se vuelve más compleja cuando se considera que la mayor parte del presupuesto está comprometida desde el inicio. Los salarios de docentes, investigadores, personal administrativo y trabajadores representan una obligación que no puede ignorarse. Conforme aumentan los sueldos y las prestaciones laborales, el margen disponible para inversión académica se reduce cada vez más.

El problema no es exclusivo de Chihuahua. Desde hace años las universidades públicas mexicanas enfrentan el desafío de hacer más con menos recursos. Al mismo tiempo que se les exige ampliar cobertura, fortalecer la investigación, incorporar nuevas tecnologías, abrir carreras innovadoras y atender problemas sociales emergentes, los presupuestos avanzan a un ritmo menor que las necesidades institucionales.

Resulta paradójico.

Por un lado, se habla constantemente de la importancia de la educación superior como motor de desarrollo económico y social. Por otro, las instituciones encargadas de formar profesionistas, generar conocimiento e impulsar la investigación deben operar bajo crecientes restricciones financieras.

La propia Universidad Autónoma de Chihuahua se encuentra impulsando nuevas licenciaturas y especialidades que responden a demandas reales de la sociedad. La apertura de Medicina en Ciudad Juárez, Psicología, Veterinaria y otras áreas requiere laboratorios, equipamiento, infraestructura y personal especializado. Nada de ello puede desarrollarse únicamente con buenas intenciones.

La educación de calidad tiene costos.

Y aunque suele afirmarse que la educación es una inversión, en ocasiones las decisiones presupuestales parecen tratarla como un gasto secundario.

Resulta igualmente llamativo que la propuesta para otorgar recursos extraordinarios a la universidad no encontrara respaldo suficiente en el ámbito legislativo. Las consecuencias de estas decisiones rara vez son visibles de manera inmediata, pero terminan reflejándose en proyectos pospuestos, infraestructura limitada o menores oportunidades para los estudiantes.

Por ello no sorprende que las universidades busquen nuevas formas de financiamiento y esquemas alternativos de generación de recursos propios. La diversificación financiera se ha convertido en una necesidad más que en una opción.

La educación superior mexicana enfrenta el reto de mantenerse competitiva en un mundo cada vez más exigente. Para lograrlo requiere planeación, innovación y compromiso institucional, pero también necesita presupuestos acordes con las responsabilidades que se le asignan.

Porque cuando el aumento presupuestal termina representando una disminución en términos reales, la ayuda corre el riesgo de parecerse demasiado a aquel viejo dicho popular.

Y entonces resulta inevitable preguntarse:

¿No me ayudes compadre?