Por: Mario Valdez

Existe una frase muy popular que afirma que no hay comidas gratis. La realidad es que tampoco existen universidades gratuitas.

Alguien paga los edificios, alguien paga los laboratorios, alguien paga el mantenimiento, alguien paga la energía eléctrica, alguien paga los salarios de los docentes y alguien paga los servicios que diariamente utilizan miles de estudiantes.

La diferencia radica únicamente en quién absorbe el costo.

En días recientes se ha reavivado la discusión sobre los amparos promovidos para obtener la gratuidad en las inscripciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema, como muchos otros, ha sido reducido a consignas fáciles de repetir pero difíciles de sostener cuando se confrontan con la realidad.

Porque una cosa es exigir derechos y otra muy distinta ignorar las consecuencias de determinadas decisiones.

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, manifestó su preocupación por los tiempos legales que implica la resolución de los amparos promovidos por algunos estudiantes. Más allá del debate jurídico, existe una realidad que parece no estar siendo explicada con suficiente claridad a quienes participan en estos procesos.

Los jóvenes que promueven los amparos actualmente enfrentan limitaciones que afectan directamente su vida académica. No cuentan con estatus de inscripción, no tienen acceso a diversos beneficios universitarios, enfrentan restricciones para acceder a becas y corren el riesgo de perder actividades académicas fundamentales mientras los juzgados resuelven los procedimientos.

Aquí surge una pregunta obligada.

¿Los estudiantes conocen realmente todas las implicaciones de los amparos o simplemente están siguiendo una estrategia diseñada por terceros?

Porque cuando un joven pone en riesgo un semestre completo, deja de participar en evaluaciones y proyectos académicos y además se le generan incertidumbres sobre su permanencia escolar, pareciera que alguien olvidó explicarle la letra pequeña del proceso.

La educación superior es un derecho que debe fortalecerse. Nadie podría estar en desacuerdo con ello. Lo que resulta cuestionable es vender la idea de que la gratuidad absoluta aparece por generación espontánea.

No existe presupuesto infinito.

Si prosperan miles de amparos y la universidad deja de percibir millones de pesos, esos recursos tendrán que salir de alguna parte. Menos infraestructura, menos programas, menos mantenimiento, menos equipamiento o mayores subsidios públicos. La matemática es simple aunque algunos prefieran ignorarla.

Se estima que la interposición de aproximadamente 2 mil 800 amparos podría representar un impacto cercano a los 11 millones de pesos para la institución. Habrá quien piense que es una cantidad menor, pero cualquier administrador responsable sabe que once millones de pesos no aparecen por arte de magia.

Al final del día el debate no debería centrarse en quién gana una batalla política o ideológica.

La verdadera discusión consiste en determinar cómo garantizar una educación accesible sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la propia institución.

Porque una universidad debilitada económicamente no beneficia a nadie.

Ni a los estudiantes actuales.

Ni a los futuros.

Ni a la sociedad que depende de profesionistas bien preparados.

Quizá el problema más preocupante no sea la existencia de los amparos, sino la facilidad con la que algunos jóvenes pueden convertirse en instrumentos de causas que no comprenden completamente.

La educación debe formar ciudadanos críticos, no seguidores automáticos de cualquier discurso que suene atractivo.

Porque cuando alguien promete gratuidad absoluta, la pregunta sigue siendo la misma:

¿Quién va a pagar la cuenta?

Y la respuesta, tarde o temprano, siempre termina apareciendo.