En el transcurso de una semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ejecutó el desarme de dos corporaciones municipales, en los municipios de Namiquipa y Nonoava, tras detectar irregularidades en el manejo, acreditación y resguardo de armamento. Las medidas forman parte de los operativos de inspección y supervisión que la dependencia mantiene en el territorio estatal para garantizar que las policías locales operen bajo estándares legales y de confianza.

El primer operativo se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre en Namiquipa, donde personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial inspeccionó las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Durante la revisión se constató que varios agentes tenían vencidas sus evaluaciones de control y confianza, además de que existía un excedente de armas largas y cortas respecto al número de policías activos. Como resultado, fueron retiradas 45 armas de fuego y puestas bajo resguardo de la SSPE.

Un día después, el 3 de septiembre, la misma estrategia se aplicó en el municipio de Nonoava. En la comandancia municipal, la revisión reveló que los elementos no contaban con la acreditación correspondiente para la impresión de credenciales de portación de armas, ni con las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo del armamento. Ante ello, el armamento completo de la corporación fue asegurado por la SSPE.

En ambos casos, los operativos estuvieron a cargo del Departamento de Control de Armamento y Equipo, en coordinación con la Policía de Despliegue. La autoridad estatal informó que las armas permanecerán bajo su resguardo hasta que los municipios subsanen las observaciones detectadas y acrediten el cumplimiento de la normatividad vigente.

Con estas acciones, la SSPE busca reforzar los mecanismos de control institucional y asegurar que las policías municipales actúen dentro de los márgenes de la ley, evitando riesgos tanto para la corporación como para la ciudadanía.

La dependencia estatal reiteró que los desarmes no significan una disolución de las corporaciones, sino un proceso de regularización para garantizar que cuenten con policías certificados, armamento legal y condiciones adecuadas de operación.