Por Mario Valdez

Cuando las cifras de violencia aumentan, la reacción inmediata suele ser exigir resultados, reforzar operativos o incrementar la presencia policial. Son acciones necesarias y comprensibles ante la preocupación social que generan los homicidios. Sin embargo, existe una pregunta que con frecuencia queda relegada a un segundo plano y que resulta indispensable para construir soluciones de largo plazo: ¿qué está provocando la violencia?

Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, muestran una realidad que merece ser analizada con detenimiento. Mientras los homicidios registraron incrementos importantes en ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez, el resto de la entidad mostró una disminución considerable. Esto indica que no se trata de un fenómeno uniforme ni de una crisis generalizada en todo el territorio estatal.

Los datos apuntan a problemáticas específicas que requieren respuestas igualmente específicas.

La disputa entre grupos criminales por el control territorial continúa siendo una de las principales causas de los hechos violentos en diversas regiones del país. En Chihuahua no es una situación nueva. Durante años, distintas organizaciones delictivas han encontrado en determinadas zonas espacios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas, generando confrontaciones que terminan afectando a la población.

Pero reducir el análisis únicamente a la presencia de grupos criminales sería insuficiente.

La violencia es también el resultado de una serie de factores sociales, económicos y culturales que deben ser estudiados con profundidad. La desintegración familiar, la falta de oportunidades para ciertos sectores de la población, las adicciones, la deserción escolar y la normalización de la violencia en algunos entornos son elementos que contribuyen a generar condiciones favorables para el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones delictivas.

Por ello resulta importante que las estrategias de seguridad no se limiten exclusivamente a la contención policial. La presencia de corporaciones de seguridad es fundamental, pero la construcción de paz requiere además atender las causas que originan los problemas.

La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado reducir de manera sostenida los índices de violencia han combinado acciones policiales con políticas educativas, culturales, deportivas y de desarrollo social. Combatir únicamente los efectos sin atender las causas suele producir resultados temporales.

Un aspecto que llama la atención en las declaraciones del secretario Loya es la referencia al fenómeno del huachicol como uno de los factores vinculados a los homicidios en la capital del estado. Esto confirma que las dinámicas criminales evolucionan y obligan a las autoridades a actualizar constantemente sus estrategias de prevención y combate.

La seguridad pública no puede construirse únicamente con estadísticas mensuales. Las cifras permiten conocer la dimensión del problema, pero detrás de cada número existe una realidad social que debe ser comprendida. Cada homicidio representa una vida perdida, una familia afectada y una comunidad que experimenta las consecuencias de la violencia.

Por ello resulta indispensable estudiar las causas con la misma intensidad con la que se atienden los efectos.

La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados inmediatos, pero también tiene derecho a conocer cuáles son las estrategias de largo plazo para evitar que nuevas generaciones encuentren en la violencia un camino aparentemente atractivo.

La seguridad comienza con la aplicación de la ley, pero difícilmente podrá consolidarse sin educación, oportunidades y proyectos de vida que ofrezcan alternativas reales a quienes hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Porque contener la violencia es una obligación.

Entender sus causas es una necesidad.

Mario Valdez, profesor tiempo completo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Chihuahua