Por: Mario Valdez
Las instituciones trascienden cuando son capaces de honrar sus compromisos. La confianza de una comunidad universitaria no se construye únicamente con infraestructura, programas académicos o reconocimientos externos; también se fortalece cuando existe la certeza de que los derechos de quienes dedicaron su vida al servicio de la universidad serán respetados.
La manifestación realizada por jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Chihuahua vuelve a colocar sobre la mesa un tema que merece una reflexión seria y responsable. Más de 280 personas reclaman el cumplimiento de disposiciones que, según sostienen, se encuentran establecidas tanto en los contratos colectivos como en la legislación correspondiente.
Más allá de las interpretaciones jurídicas que eventualmente deban resolver las autoridades competentes, existe un principio que no debe perderse de vista: los derechos adquiridos merecen respeto.
Quienes hoy se encuentran jubilados o pensionados formaron parte de la construcción institucional de la universidad. Fueron docentes, administrativos, investigadores y trabajadores que durante años contribuyeron al desarrollo de una de las instituciones educativas más importantes del estado. Resulta natural que esperen el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales desarrollaron su trayectoria laboral.
Sin embargo, también es importante reconocer que el problema no puede analizarse únicamente desde una perspectiva legal. Existe un componente financiero que obliga a realizar una planeación profunda y responsable. El cumplimiento de obligaciones laborales requiere recursos y estos deben estar debidamente contemplados dentro de las estrategias presupuestales de cualquier institución pública.
Las universidades mexicanas enfrentan actualmente desafíos económicos importantes. La reducción de apoyos federales, las presiones presupuestales y el incremento constante de obligaciones financieras obligan a una administración cada vez más cuidadosa. Pero precisamente por ello la planeación adquiere un papel fundamental.
Los derechos laborales no pueden depender de improvisaciones.
Si las disposiciones establecen incrementos vinculados a los aumentos salariales de los trabajadores en activo, entonces corresponde a las autoridades universitarias diseñar mecanismos financieros que permitan atender dichas obligaciones sin poner en riesgo la estabilidad institucional. La solución no puede encontrarse en la confrontación permanente entre trabajadores jubilados y administración universitaria.
Lo deseable es que prevalezca el diálogo.
La universidad tiene la responsabilidad de garantizar su viabilidad financiera, pero también de respetar los compromisos adquiridos con quienes contribuyeron a su crecimiento. Ambas cosas son compatibles cuando existe voluntad para construir acuerdos y una adecuada planeación de largo plazo.
Este tipo de conflictos también dejan una enseñanza importante para las nuevas generaciones de administradores públicos, abogados y responsables institucionales. Los compromisos laborales que se adquieren en el presente terminan generando obligaciones que deben atenderse durante décadas. Por ello resulta indispensable que toda decisión financiera se tome pensando no solamente en el corto plazo, sino en las consecuencias futuras.
La estabilidad de una institución depende tanto de su capacidad para innovar como de su disposición para honrar sus compromisos.
Los jubilados tienen derecho a ser escuchados. La universidad tiene derecho a buscar soluciones viables. Lo importante es que el diálogo permita encontrar rutas que respeten la legalidad y al mismo tiempo garanticen la sostenibilidad financiera de la institución.
Porque al final del día, una universidad fuerte no es únicamente aquella que forma profesionistas, sino también aquella que cumple la palabra empeñada a quienes ayudaron a construirla.
Es nuestra opinión.
