Por: Mario Valdez

La universidad ha sido históricamente un espacio para el debate, la crítica y la libre expresión de las ideas. Así debe seguir siendo. Una institución de educación superior que renuncia a la discusión termina renunciando también a una parte fundamental de su razón de ser.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre manifestarse y destruir. Entre exigir y vandalizar. Entre defender una causa y convertirse en instrumento de intereses ajenos.

Los acontecimientos ocurridos recientemente en Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua obligan a realizar una reflexión más profunda. Cerca de sesenta estudiantes marcharon hasta las oficinas centrales de la institución y posteriormente derribaron la puerta principal para ingresar al edificio, provocando daños en espacios que forman parte del patrimonio universitario.

Más allá de las exigencias planteadas sobre gratuidad y transparencia, resulta inevitable preguntarse quién gana con este tipo de acciones.

Porque una cosa es solicitar diálogo y otra muy distinta utilizar un ariete para derribar una puerta.

Una cosa es exigir rendición de cuentas y otra provocar destrozos en instalaciones que pertenecen a todos los universitarios.

No somos ingenuos.

La historia de México y de América Latina demuestra que los movimientos estudiantiles han sido constantemente buscados por organizaciones políticas que encuentran en la inconformidad juvenil un vehículo ideal para impulsar agendas que poco tienen que ver con la vida académica. Los jóvenes suelen aportar entusiasmo, energía y capacidad de movilización; los grupos políticos aportan discurso, estrategia y dirección.

Por ello resulta válido cuestionar si detrás de determinadas acciones existen intereses que trascienden las legítimas preocupaciones de los estudiantes.

La gratuidad universitaria puede debatirse. La transparencia siempre debe exigirse. La rendición de cuentas es una obligación permanente de cualquier institución pública. Lo que no puede normalizarse es la idea de que la violencia constituye un mecanismo válido para alcanzar esos objetivos.

Más aún cuando las consecuencias terminan afectando a la propia comunidad universitaria.

Los universitarios tienen una responsabilidad adicional frente a la sociedad. Su formación les obliga a analizar, cuestionar y comprender las implicaciones de cada decisión. El pensamiento crítico no consiste únicamente en desafiar a la autoridad; también implica examinar quién impulsa determinados movimientos, cuáles son sus objetivos y quién obtiene beneficios políticos de cada confrontación.

Resulta preocupante observar que algunos sectores parecen más interesados en generar conflictos que en construir soluciones. La universidad no puede convertirse en campo de batalla de disputas ideológicas externas ni en plataforma para proyectos políticos que nada tienen que ver con la educación superior.

Quienes verdaderamente aprecian a la Universidad Autónoma de Chihuahua entienden que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo, el debate y los mecanismos institucionales. Destruir puertas, ocupar oficinas o provocar daños materiales difícilmente fortalece una causa; por el contrario, termina debilitando su legitimidad ante la opinión pública.

La universidad necesita estudiantes críticos, participativos y comprometidos. Pero también necesita jóvenes capaces de reconocer cuándo una causa es auténticamente universitaria y cuándo corre el riesgo de convertirse en herramienta de intereses ajenos.

Porque defender a la universidad también implica impedir que sea utilizada como escenario de luchas políticas que poco tienen que ver con su misión fundamental.

Es nuestra opinión.